Si bien es cierto que el video del procedimiento ha generado múltiples opiniones entre la comunidad rionegrera, los funcionarios de la Administración argumentaron que se trata de una acción legítima respaldada por un proceso de notificación que duró cerca de un año y medio.
Una familiar del propietario de la vivienda en mención (cuyo nombre omitimos), afirmó a MiOriente que la edificación de la misma inició hace más de un año, y que inmediatamente la Alcaldía les envió una notificación a través de la cual solicitaban la suspensión de las obras por cuanto no contaban con licencia de construcción.
“Mi familiar fue a sacar la licencia pero le dijeron que no, argumentando que en el lote donde está la casa solo se podían legalizar cuatro viviendas pero en realidad hay 27”, explicó la fuente.
Explicación de las autoridades
MiOriente se comunicó con Duberney Pérez, subsecretario de Espacio Público, para conocer los procesos legales que adelanta la Alcaldía para proceder con la demolición de las viviendas. Tal y como lo informó el funcionario, en los últimos días se llevaron a cabo dos procesos en las veredas Abreo y Abreito.
“Cuando ellos comenzaron a construir, hace aproximadamente un año y medio, nosotros los notificamos con una acta de suspensión de obra, y les dijimos que no continuaran para que no incurrieran en una multa y en la demolición, sin embargo, desacataron el acta”, indicó Pérez.
Los propietarios de las viviendas interpusieron luego dos acciones de tutela que fueron resueltas a favor de la Administración Municipal porque el juez consideró que se había garantizado el derecho al debido proceso, aunque solicitó a la Alcaldía otorgar a uno de los dueños un albergue provisional como la Casa Campesina, beneficio que el ciudadano rechazó.
“Ese terreno tiene más viviendas que las permitidas por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), y no tenía los retiros de las vías. Uno sabe que esto genera un impacto, pero la comunidad debe saber que antes de demoler les solicitamos que interrumpieran la construcción”, agregó el Subsecretario.
Las causas
El desacato de un acta de suspensión de obra, además de ser un delito por ignorar una orden administrativa de la Policía, tiene dos consecuencias: una multa económica que es calculada según el avalúo catastral del bien y los metros cuadrados construidos, y, en segundo lugar, la demolición del bien siempre y cuando el propietario no se haya licenciado durante el tiempo de la multa.
Es decir que existen casos en los cuales un ciudadano en particular comienza a construir sin licencia, pero luego de ser notificado por las autoridades, y según un plazo específico, realiza este trámite ante la Secretaría de Planeación Municipal para no verse perjudicado con la destrucción del bien.
“Cuando hay una demolición es porque la gente desacató la orden de suspensión y porque estamos convencidos en un 100% que la obra no se puede licenciar”, concluyó Duberney. En estos casos, es la Inspección de Policía la que tiene la competencia del control urbanístico, y quien toma la decisión de ordenar las demoliciones.
Contexto
Entre el 2016 y julio de este año, las autoridades han recibido 2.350 quejas por construcciones sin el lleno de los requisitos legales, se han iniciado 977 procesos, se han suspendido 607 construcciones y se han expedido 139 órdenes de demolición de las cuales 84 ya fueron ejecutadas, el 60% de manera voluntaria.
