MiOriente conoció los informes de violencia sexual contra menores de 14 años en el Oriente Antioqueño durante el 2017. Estas cifras, que son las que por lo general esconden las autoridades municipales, dejan una preocupación latente que debería poner en alerta a toda la sociedad.
Más que números
Este año han sido efectuadas 32 capturas por distintos delitos sexuales contra menores de 14 años, como acceso carnal violento, abuso sexual, entre otros. Sin embargo, hay por lo menos 2.000 casos pendientes o investigaciones en curso por estos delitos en los principales municipios de la región como Guarne, Rionegro, El Carmen de Viboral, San Vicente, El Retiro, La Ceja y La Unión.
El 90 % de los menores violentados sexualmente son mujeres, y el 10 % son hombres. Los balances dejan ver casos en que las víctimas denuncian los abusos tres años después, cuando ya cumplen 16 o 17 años de edad, en razón a las amenazas de los abusadores. A la fecha, los investigadores tienen pendientes capturas por casos de abuso ocurridos en el Oriente hace más de 10 años. Se trata de menores cuyos derechos están siendo violentados, de una especie de cáncer social que pasa desapercibido y que, en compañía de los porcentajes de violencia intrafamiliar, aparecen siempre al final de balances de seguridad de las autoridades.
Ningún niño está exento
Los delitos sexuales contra menores ocurren, por igual cantidad, en zonas rurales y urbanas. La tendencia general es que los victimarios son familiares o conocidos como padrastros, tíos, abuelos, vecinos, hermanos y hasta padres biológicos. Lo triste es que, en un 10 % de los casos, las madres de los menores están enteradas de los abusos pero optan por callar porque dependen económicamente de sus compañeros sentimentales.
Gracias a los datos conocidos por este medio, es posible establecer que los niños que son dejados bajo el cuidado de vecinos o madres comunitarias son los más vulnerables. Conocemos, por ejemplo, el caso de niñas que venían siendo abusadas por los esposos de las madres comunitarias.
Sin embargo, ni aún en casa los menores están exentos, pues los investigadores también reportan víctimas que eran abusadas por el padre, el abuelo y el vecino; o una que quedó en embarazo de su padre biológico. Incluso las situaciones de extrema pobreza son un factor de riesgo para los menores. En un municipio de la zona de Embalses del Oriente Antioqueña, una madre ofrecía a su hija para ser abusada a cambio de dinero.
¿Incapacidad institucional?
Si bien el 90 % de los casos de violencia sexual contra menores de 14 años son resueltos judicialmente y terminan en la determinación efectiva de condenas, la cantidad de casos pendientes tienen en aprietos a los investigadores, quienes alegan una sobrecarga laboral del 400 %. Evidentemente las instituciones no cuentan con personal suficiente para atender las denuncias que, día a día, se van represando en las oficinas, convirtiendo la vulneración de los derechos de los niños en pilas de papel arrumadas.
Lo ideal en el sistema judicial es que por cada fiscal hubieran dos investigadores a su servicio. No obstante, la balanza está invertida, pues cada investigador debe atender las órdenes de hasta cuatro fiscales o despachos al mismo tiempo. Se trata, en suma, de un problema de forma que tiene colapsada a toda la institucionalidad, y que solo puede ser resuelto desde las cúpulas bogotanas.
Escenarios de prevención
Los maestros de las instituciones educativas se han convertido en un insumo fundamental para la resolución de los casos de violencia sexual. Las autoridades coinciden en la tesis de que gran parte de los casos son detectados porque los maestros notan comportamientos que no eran habituales en las víctimas, como incomodidad en las clases de educación sexual, o respuestas extrañas ante el contacto físico con los maestros.
Los expertos recomiendan interrogar y confrontar a los niños frente a la relación que tienen con las personas de sus núcleos más cercanos, pues muchos de ellos no se atreven a hablar en casa por temor a las amenazas de los abusadores. La hora del baño también es una ocasión oportuna para que las madres pregunten a sus hijos si alguien los ha tocado o se ha acercado a ellos excesivamente.
Haciendo un cálculo aproximado, y suponiendo que todos los casos y las denuncias resulten ciertas, como ocurre en la mayoría de las veces, solo en 10 de los 23 municipios del Oriente se presentaron 870 casos de abuso sexual o acceso carnal violento contra menores de 14 años en el 2017. Reto enorme tienen las administraciones municipales y las instituciones educativas en apostarle a programas eficaces de prevención, para hacer frente a este cáncer que está destruyendo los sueños de la infancia en la región.
