“Vamos a terminar este Gobierno con dos terceras partes del suelo actualizado”, dijo el gobernador Andrés Julián Rendón durante el acto celebrado este martes para la firma de un convenio con Cornare y la Administración municipal de El Carmen de Viboral, el cual busca adelantar el proceso de conservación catastral con enfoque multipropósito en la zona urbana y rural de ese municipio.
“El impuesto predial es el tributo tal vez más útil de toda la estructura fiscal del país. No solo es un gran dinamizador de las finanzas locales, también es bastante útil en ordenar el suelo, en regular el componente ambiental, entre muchas otras cosas”, dijo el gobernador.
Tras la firma se resaltó que, con la implementación del enfoque multipropósito, más de 10 500 predios urbanos y rurales de El Carmen de Viboral serán incorporados en el sistema catastral, cerrando una brecha de 14 años sin actualización.
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El alcalde local, Hugo Jiménez Cuervo, resaltó que este año al municipio han ingresado entre 3 000 y 3 500 millones de pesos adicionales tras poner en marcha este tipo de procesos. “Si bien nos falta lo urbano, que ese urbano también traería algo muy interesante, lo que ahora vamos a hacer con Cornare y con ustedes nos va a permitir mejorar mucho el ingreso de El Carmen de Viboral”, dijo el mandatario carmelitano.
La financiación de este esfuerzo supera los 9 500 millones de pesos, de los cuales la Gobernación aporta 7 391 millones de pesos en productos cartográficos, el Idea más $100 millones, Cornare $1 500 millones y la Administración municipal otros 500 millones.
“Esto va a servir definitivamente para la planificación y planeación del territorio”, concluyó el director de Cornare, Javier Valencia González, que calificó como “histórica” la firma del convenio, que representa, además, la primera vez que la Gerencia de Catastro de la Gobernación de Antioquia suscribe un acuerdo en materia catastral con una CAR.
Según la Gobernación, este convenio busca subsanar un rezago histórico de casi 11 000 predios sin información incorporada, garantizar la correspondencia entre la realidad física y jurídica del territorio y la base catastral, así como mejorar el recaudo fiscal, la seguridad jurídica de la propiedad y la planificación ordenada y sostenible del municipio carmelitano.
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