Araceli Majón es española. Esta semana la escuché hablar de narcotráfico y despenalización de las drogas. Su tesis central es que con la prohibición había una intención no confesa: legitimar el poder de los Estados Unidos en las políticas internas y dentro de las fronteras de muchos países.
Con el Tratado de Versalles, al final de la I Guerra Mundial, Estados Unidos logró incluir dos artículos en los que obligaba a los países a firmar convenciones contra la droga. En 1919, además, los norteamericanos a través de la Enmienda 18 prohibieron el alcohol. Este fue, según Majón, el más evidente paso hacia el prohibicionismo. Y como se sabe, el licor era una bebida socialmente aceptada y como consecuencias trajo una corrupción a gran escala, el gangsterismo y, como si fuera poco, un sinnúmero de personas que quedaron ciegas por licores peligrosos y de contrabando.
Luego se refirió al momento -en 1971- en el que Estados Unidos a través de su presidente Nixon declaró las drogas como enemigo número uno y un año después creó la DEA. Con este organismo se encargaron de incursionar –muchas veces de manera ilegal- en países latinoamericanos.
Estados Unidos tiene el 5% de los habitantes del mundo y el 25% de la población carcelaria. No quiere decir que el mayor número de delincuentes esté en ese país, sino que una gran mayoría de los convictos están detenidos por delitos relacionados con las drogas. Entonces el consenso punitivo es insostenible. ¿Acaso es la solución continuar reprimiendo y no debatiendo el verdadero problema?
La guerra contra las drogas es un fracaso. Lo dijo la OEA hace poco, en 2011 Juan Manuel Santos manifestó en la Cumbre de las Américas que debían darse pasos hacia la legalización de las drogas. Lo dijo, y ya (aunque se avance en las conversaciones de La Habana).
Milagrosamente Uruguay dio un paso grandísimo. Legalizó toda la cadena de la marihuana: cultivo, producción y comercialización. Dice Majón que la legalización permite la dosificación de la droga y que el Estado asume el control. Legalizar no quiere decir que las drogas sigan circulando libremente. A diferencia nuestra, los uruguayos no tienen problemas con el crimen organizado, de manera que Colombia puede tomar como ejemplo el caso uruguayo, pero debe buscar su propia receta y no la impuesta por los señores del Norte. (Ver: Araceli Majón habla sobre las drogas)
Esto también nos lleva a pensar en el respeto a la libre expresión y el libre desarrollo de la personalidad. Con la legalización de la marihuana –una droga blanda y sobre la que más se sabe- no quiere decir que todas las drogas duras deben ser legalizadas (pensemos en cocaína y heroína), pero sí controladas. No. El consumo de la marihuana era socialmente aceptado en las primeras décadas del siglo XX. Luego el prohibicionismo hizo mella y con esta hay un sinfín de estigmas con las personas que la consumen. En algún momento en Estados Unidos se asoció a los negros y mexicanos consumidores como personas violentas.
Y pienso en la condena que nuestra sociedad conservadora y pacata ha impuesto a los marihuaneros –no sé por qué la palabra me suena brusca-. Inmediatamente se les asocia con la delincuencia. Si en una acera viene alguien fumando, inmediatamente hay temor, sospecha de un atraco. Irremediablemente se cambia al otro lado de la calle o se avanza rápido o se desvía del camino.
En nuestro entorno hay consumidores que son doctores, profesionales, escritores, obreros y hasta deportistas que fuman. ¿Delincuentes? Claro que no. ¿Será el licor menos perjudicial? Las drogas traen como consecuencias problemas sociales que son innegables, pero avanzar en el diálogo sobre las drogas también implica quitarle una gran tajada al crimen organizado y avanzar hacia una sociedad en la que es más importante razonar y no imponer la fuerza.
*Juan Camilo Gallego Castro (@jcamilogallego) es autor del libro Con el miedo esculpido en la piel. Crónicas de la violencia en el corregimiento La Danta, proyecto ganador en crónica de la Primera Convocatoria de Estímulo al Talento Creativo-Antioquia 2012. También es periodista, especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario de la Universidad de Antioquia y estudiante de la maestría en Ciencia Política del mismo centro universitario.
