Una vivienda ubicada en el centro de Guatapé causó gran controversia debido al desalojo de un adulto mayor, tras la decisión de un juez de la República, ratificada por el Tribunal Administrativo de Antioquia y la Corte Suprema de Justicia.
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Un familiar de la adulta mayor desalojada, narró a MiOriente que la señora llevaba viviendo cerca de 50 años en la casa. Afirmó que para ellos era un atropello lo que estaba sucediendo.
“Estamos desconcertados. No es un remate sino un fraude que ha hecho raimundo y todo el mundo, este último abogado no hizo nada y nos acabó de hundir”, aseguró el familiar, quien agregó que “el abuelo se fue hace un tiempo de la casa, volvió al tiempo a hacer un divorcio y vendió, supuestamente, la parte que le correspondía a él”.
En el evento, puesto en conocimiento ante los medios de comunicación por los familiares de la adulta mayor, intervino la Comisaría de Familia del municipio para garantizar el derecho de las familias, tal como lo expresó Juan Pérez, alcalde del municipio.
“Nos solidarizamos con la familia Martínez, nos comprometemos a buscar que esta familia se encuentre nuevamente unida en su hogar”, dijo el Alcalde quien afirmó que “la administración no tiene intereses en ese desalojo, son decisiones judiciales que nos ponen a las instituciones a cumplir”.
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Según el familiar, la casa tiene un valor comercial muy alto debido a la ubicación del predio y por ello el interés. Pero, la casa solamente tuvo un avalúo de 300 millones y supuestamente la adulta mayor nunca recibió ni firmó ningún documento para la venta, relató el allegado a la mayor.
El mandatario Juan Pérez, en una intervención transmitida por las redes sociales, aseguró que el pleito por esta vivienda inició en el 2015, que es un proceso privado y entre familiares y en el 2017 se ordenó hacer una subasta, de donde se reconoce al nuevo propietario del bien.
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La Personería Municipal acompañó el procedimiento en el que los Policías solicitaron, en cumplimiento de la sentencia, a desalojar a la familia. El evento duró cerca de 13 horas y en él también estuvo presente el Procurador Provincial y la Oficina de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia.
