Dejar hacer, dejar pasar

Por: Juan Alejandro Echeverri Para ocupar el poder hay que construir relatos publicitarios, fachadas lingüísticas capaces de neutralizar las dudas o discrepancias que ponen en tela de juicio la imagen y las “verdades” que pretende institucionalizar ese relato. El periodista polaco Ryszard Kapuściński decía que “el silencio en la historia y en la política cumplen la misma función (…) Necesitan del silencio los tiranos y los ocupantes, que velan porque sus actos pasen inadvertidos”. La división de poderes en Colombia es un cuento de fantasía porque los encargados de regular la democracia promueven el silencio, o son cajas de resonancia de la propaganda institucional. Hace unas semanas, la Procuraduría General de La Nación anunció que había encontrado 420.000 millones de pesos en sobrecostos luego de revisar más de 3.000 contratos celebrados desde que se declaró la emergencia económica y social por la pandemia del coronavirus. Por la malversación de fondos públicos y otras modalidades de corrupción, la Fiscalía imputó cargos y solicitó prisión preventiva para 10 alcaldes del país. La pregunta es: ¿qué estaban haciendo los Concejales (supuestos responsables de vigilar y auditar a los alcaldes) mientras malgastaban los dineros públicos de un país con profundos problemas económicos? En el caso de La Ceja, durante estos meses de pandemia, los ciudadanos hicieron el trabajo que corresponde a los concejales: denunciaron las irregularidades en la compra de 4.000 kits alimentarios (ver contrato) a la empresa rionegrera Vibe Distribuciones S.A.S, lo que según la Contraloría General de Antioquia representó un posible detrimento patrimonial de 49.028.000 (Ver auditoria). Seguramente, para evitar consecuencias penales, la Alcaldía liquide el contrato sin sobrecosto alguno, y sus repudiables intenciones caigan en el foso de la desmemoria. También fueron los ciudadanos quienes revelaron y cuestionaron un contrato por 150 millones (ver contrato) firmado con la Corporación Centro de Análisis y Entrenamiento Político, cuyo fin es “apoyar el modelo comunicacional y de acercamiento continuo de la administración municipal”. Del contrato se critica que el representante legal de la empresa fue asesor político del alcalde Nelson Carmona, coincidencia que lleva a muchos a sospechar que se trata de un “favor político”. Pero lo más cuestionable es la verdadera necesidad del trabajo contratado, puesto que en la plantilla de funcionarios hay más de 10 comunicadores al servicio del alcalde, comunicadores que al parecer no son suficientes para mantener su popularidad a flote. La mayoría de concejales han demostrado públicamente su lealtad y su respaldo a la gestión del gobernante cejeño. Ante los cuestionamientos, los ediles de la coalición de gobierno aseguraron que era “momento de unir, no de dividir”; que las críticas eran “comentarios destructivos y venenosos”; y que los cejeños inconformes estaban tirando piedras porque esa era “la opción más fácil”. Los ediles viven una luna de miel de película. Aunque haya poco que festejar, hace unos días se reunieron, comieron y brindaron para conmemorar el día del concejal. El contrato dice que la velada le costó a los cejeños 15 millones de pesos, los concejales dicen que fueron solo 6 millones, como si eso lo hiciera menos grave. La ciudadanía repudió el derroche y el descontextualizado proceder, pero los concejales no hicieron más que justificarse. Cuesta creer que el Concejo Municipal de La Ceja pueda hacer el control político que le corresponde, pues el Centro Democrático, que en teoría es el partido de oposición, es el mismo partido del representante a la cámara Esteban Quintero, quien fue el padrino político de Nelson Carmona, a quien Nelson invitó a subir a la tarima el día de su posesión, y quien además estuvo presente en la instalación y posesión oficial del Concejo Municipal a principios de año. En la práctica los concejales aprueban las proposiciones de los alcaldes a cambio de que sus empresas, las de sus familiares, o las de aquellos a los que deban favores políticos firmen contratos con el Estado, o a cambio de puestos para sus familiares o allegados que los apoyaron durante su campaña. Pero en la teoría son quienes deben pedir explicaciones por las decisiones que toman los alcaldes, o quienes, apegados a un marco jurídico, estén maniobrando y pensando cómo los municipios pueden prepararse para afrontar las consecuencias del déficit fiscal y la contracción en el gasto público –derrochado por ellos– que sufrirá el país a causa del covid-19. En la actualidad, los concejales nos resultan más perjudiciales que beneficiosos; en términos económicos son una inversión que genera más gastos que ganancias. Un concejal, por el solo hecho de ser concejal y asistir a una sesión del Concejo, recibe honorarios equivalentes a un día de salario del alcalde. La ley 617 del 2000 establece que en los municipios de tercera a sexta categoría, los concejales podrán recibir honorarios hasta por 70 sesiones ordinarias y 12 sesiones extraordinarias al año. Es decir que un municipio de tercera categoría como La Ceja, en el que su alcalde no puede ganar más de $8.372.006 según el decreto 314 de 2020, un concejal recibe 279.067 pesos por cada sesión, los que multiplicados por las 82 sesiones que pueden ser pagas dan $22.883.494 millones de pesos, que multiplicados por cuatro años que dura su periodo dan un total de $91.533.976. Es probable que en unos meses se ponga de moda la palabra austeridad como respuesta a cualquier demanda ciudadana. Si los concejales quieren demostrarle al país que lo suyo es una vocación de servicio y no un interés político y económico, deberían renunciar a sus salarios, aceptar que la suya sea una función ad honorem, sin retribución económica como lo era hasta antes de la Constitución de 1991. Volveremos a pagarles, porque sus salarios se pagan con nuestros impuestos, cuando el país se recupere económicamente y demuestren que realmente lo merecen, cuando vuelvan a merecer el apelativo de honorables. A “nuestros” dirigentes poco les gusta que los critiquemos cuando se equivocan. Pero tanto alcaldes como concejales deberían recordar que las probabilidades de errar y fracasar aumentan cuando uno solo se rodea o escucha a quienes lo aplauden. Una equivocación y una mala decisión se pueden revertir, pero para la soberbia todavía no existe vacuna.