Como una “presunta red de corrupción que operaba desde la Contraloría General de Antioquia” calificó la Fiscalía General de la Nación al grupo de funcionarios públicos que, en la mañana de este miércoles 21 de agosto, fueron capturados por el Cuerpo Técnico de Investigación de las seccionales Antioquia y Medellín en varios municipios del departamento, y entre los cuales se encuentra la alcaldesa de San Carlos, Luz Marina Marín Daza.
Las capturas, que hasta ahora han dejado en manos de las autoridades a siete servidores públicos y dos particulares, se han adelantado en el marco del Plan Bolsillos de Cristal de la Fiscalía General de la Nación.
“Entre los aprehendidos por orden judicial figuran los actuales alcaldes de los municipios de La Pintada, Jardín y San Carlos; así como 3 contralores auxiliares y el gerente del hospital de Copacabana. También serán sometidos a proceso de extinción del derecho de dominio 28 bienes inmuebles, 9 vehículos, 2 sociedades, 3 hoteles, todo ello valorado en 13.000 millones de pesos”, explicó la Fiscalía.
Según el comunicado de prensa, los dos particulares serían los encargados de establecer contacto entre las administraciones municipales y la Contraloría General de Antioquia, y de ocultar dineros obtenidos de manera ilícita. Justamente el contralor general de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, se entregó de manera voluntaria a las autoridades cuando ya pesaba una orden de captura en su contra.
“Entre los años 2017 y 2018 algunos servidores de la Contraloría General de Antioquia que detectaron hallazgos fiscales durante las auditorías de rutina, se habrían abstenido de denunciar las irregularidades a cambio cuantiosas sumas de dinero o la adjudicación de millonarios contratos”, agregó el ente de control.
Se espera que en las próximas horas a los implicados les sean imputados los cargos de concierto para delinquir, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias, prevaricato por acción, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.
