“Autorizaron a los jóvenes para consumir narcóticos peligrosos para el ser humano y la sociedad en espacios públicos”. Con esas palabras el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, condenó la decisión de la Corte Constitucional de tumbar dos disposiciones del Código de Policía que prohibían el consumo de licor y sustancias psicoactivas en espacios públicos.
Aunque en medio de la polémica el alto tribunal aclaró que por lo menos siete artículos del Código de Policía siguen protegiendo a los menores de edad del consumo de esta sustancias, y que las autoridades locales y departamentales tienen la potestad de determinar cuándo, cómo y dónde regular el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, la mayoría de los mandatarios del Oriente rechazaron la decisión.
De hecho, el mandatario de los antioqueños fue uno de los primeros en reaccionar públicamente, definiendo el caso como un mal mensaje para el mundo:
“Creerán que aquí se legalizó el vicio. Cuando una familia esté cenando en un parque y vea varias personas fumando marihuana no habrá forma de hacer nada porque esta medida legaliza tales actividades”.
Otro de los mandatarios que expuso una opinión similar fue Andrés Julián Rendón, alcalde de Rionegro, quien en su cuenta personal de Facebook señaló que “los narcos están de fiesta”.
Rendón denunció que el narcomenudeo es un negocio que produce ganancias cinco veces superiores al presupuesto del Ministerio de Cultura Nacional, es decir, hasta 6 billones de pesos, y aseguró que el problema no es de puritanos escandalizados con la Corte sino de “qué tipo de sociedad queremos construir”.
“Con el pronunciamiento de la Corte hay unos ganadores absolutos: los narcos. El problema de la adicción es un reto enorme que estamos padeciendo y enfrentando como sociedad y el tribunal con estos fallos lo promueve”.
De igual modo, aunque reconoció que la Corte Constitucional está amparada en principios constitucionales, Néstor Fernando Zuluaga, alcalde de El Carmen, afirmó que la decisión se aleja de la realidad social que vive el país.
“Uno de los aspectos por los que el uso del espacio público debe tener control y regulación ahora que las libertades se han desbordado en el país, es el consumo de estupefacientes y licor. Desde el estado se vienen impulsando acciones, pero en la práctica es muy difícil ejercer controles reales”.
Finalmente, MiOriente entrevistó a Henry Alberto Puerta, alcalde de Concepción. Él conoce a detalle la lucha que los mandatarios deben librar contra el tráfico local de estupefacientes en los municipios pequeños. Puerta dijo que lo que primero busca la institucionalidad en estos casos es resguardar a los menores de edad y a las familias, así como darle un buen uso al espacio público.
Justamente municipios como Concepción hoy sufren el flagelo del tráfico local de estupefacientes. Por eso, Henry Alberto interpreta la resolución de la Corte Constitucional como un irrespeto a los mandatarios y una “alcahuetería” para las personas que quieren dañar la idiosincrasia de los pueblos.
“Elevamos una voz de protesta porque la Policía pierde mucho control. El espacio público es para el sano esparcimiento, para conversar, para leer un libro, pero ahora que nos desarman jurídicamente, ¿cómo vamos a proceder”.
Todavía faltan varias semanas para que el tribunal de a conocer el texto definitivo del fallo. Lo que manifestó la alta instancia judicial es que la prohibición que contemplaba el Código de Policía era general y amplia, y limitaba de forma irrazonable el consumo en la calle.
Según ella, la prohibición afectaba también las reuniones familiares en parques y playas donde hay asados y consumo de cerveza, o a quien decide fumar marihuana en la calle, circunstancias que, añade, no afectan a los demás.
