Luego de avalar todos los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 35 Penal Municipal de Medellín impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de dos patrulleros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá como presuntos responsables del delito de concusión.
Según el boletín de prensa de la Fiscalía, la víctima estaba en un lote de su propiedad cuando fue abordado por dos uniformados quienes le pidieron la licencia de construcción. Ante la carencia del documento público referido, ambos policiales le manifestaron que si quería adelantar la edificación tendría que pagarles 1 millón de pesos en efectivo, o de lo contrario capturarían a los trabajadores que vieran en el lote para obstruir el trabajo.
Luego de varias negociaciones y bajo la asesoría de miembros del Gaula Militar, la entrega del dinero se coordinó para el martes 9 de octubre en el barrio Robledo El Diamante, lugar en el que se hicieron presentes los policías con sus respectivos uniformes y armas de dotación, para, al parecer, recibir el dinero exigido.
Al momento de la captura, un patrullero se negó a entregar el arma oficial y tuvo que ser obligado por los investigadores a hacerlo. Además se abstuvo de entregar su teléfono celular aduciendo que no lo tenía en su poder, pero cuando le hicieron una llamada los funcionarios detectaron el aparato en uno de sus bolsillos.
Los procesados no aceptaron los cargos imputados y apelaron ante la segunda instancia la legalización de captura y la medida restrictiva de la libertad.
