Luego de que se diera a conocer el informe de calificación sobre eficiencia fiscal y financiera en el país, donde el municipio de Nariño aparece ubicado en los últimos lugares, la Administración Municipal consideró pertinente realizar “varias aclaraciones, con el objeto de dar información clara y de primera mano a la comunidad con fines de análisis y entendimiento del tema”.
Mediante un comunicado público, firmado por el alcalde Carlos Arturo Marín, la administración local se permitió brindar los siguientes puntos para el análisis de la comunidad frente al porqué de la puntuación obtenida para el municipio:
- Para el año 2017, recibimos una sanción de más de 300 millones por incumplimiento de ley 617 del año 2015 en la Administración anterior, lo que lógicamente nos afectó presupuestalmente para la ejecución de la vigencia 2017 (tal información publicada para esa fecha).
- En esta Administración se han realizado pagos de varias demandas, las que ascendían a casi 400 millones de pesos, entre ellas, son procesos judiciales de casi 20 años y con fallos ya verificados, es decir, en firme en contra del municipio, las cuales las administraciones anteriores por diferentes razones que se pueden referir aplazaron el pago, y desafortunada o afortunadamente correspondió hacer el pago respectivo por orden judicial a esta administración.
- Cabe anotar, que esta administración hace el pago a sabiendas que nuestros recursos son escasos, que afectaría los fondos comunes del municipio, pero sabemos que era más perjudicial no enfrentar el problema, aunque eso significara afectar el indicador de ley 617, calificación que sabemos quedó al límite, pero con un resultado positivo, cumpliendo, ya que estamos en el porcentaje permitido por contraloría y consideramos que a pesar de recibir el municipio con tantos problemas financieros, estamos generando procesos que aunque políticamente no son bien recibidos, nos llevan a mejorar día a día.
De igual manera, el comunicado hace énfasis en que “toda esta información se puede verificar porque son datos de público conocimiento y se pueden constatar con los órganos de control”.
