Un juez de conocimiento especializado de Antioquia condenó a 12 años de prisión a cinco hombres responsables del delito de tortura contra dos trabajadores en una finca ubicada en la vereda La Convención, zona rural del municipio de Rionegro.
La decisión judicial, conocida este 12 de febrero de 2026, confirma hechos que ya habían sido anticipados y documentados por MiOriente desde el inicio del proceso y que se remontan a la mañana del 8 de mayo de 2023, cuando las víctimas fueron sometidas a agresiones físicas en medio de la investigación interna por el supuesto hurto de dinero de una caja fuerte en el predio.
El fallo se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara y sustentara el material probatorio que permitió acreditar la responsabilidad penal de Kevin Alexander Bernal Sánchez, Brandon Steven Cruz Martínez, Ariel Armel Ospina Mendieta, Gelber Cárdenas Torres y Giovanni Alberto Hernández Castro.
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De acuerdo con la investigación, los condenados trabajaban para una empresa logística encargada de la seguridad del inmueble y señalaron a los dos trabajadores de participar en el presunto hurto. Con el objetivo de obtener información, los retuvieron y los sometieron a actos de tortura durante varias horas.
Según lo expuesto en audiencia, una de las víctimas, de 61 años, fue llevada hasta la habitación del mayordomo, donde recibió golpes con los puños, un martillo y la cacha de una pistola. El segundo trabajador fue golpeado, arrojado al suelo y sometido a un intento de asfixia, al introducirle una manguera por la boca con la que le suministraron agua.
«La prueba testimonial, médica y pericial permitió establecer que las agresiones tenían como finalidad forzar una confesión sobre el supuesto hurto ocurrido en el predio», sostuvo la Fiscalía durante el juicio.
El ente acusador precisó que los hechos se prolongaron hasta cerca de la una de la tarde, momento en el que hizo presencia la Policía Nacional, cuyos uniformados capturaron en flagrancia a los agresores y pusieron fin a las torturas.
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Por estos mismos hechos, y en un proceso penal independiente, la Fiscalía ya imputó cargos en calidad de determinador a Luis Alberto Rendón, familiar del dueño del predio, actuación judicial que continúa en trámite y sobre la cual aún no existe una decisión de fondo.
La sentencia conocida corresponde a una decisión de primera instancia y fue apelada por la defensa ante el Tribunal Superior de Antioquia, que deberá resolver el recurso.
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