El gobierno de Colombia anunció este jueves 22 de enero de 2026 la suspensión temporal de la venta de energía eléctrica a Ecuador, en respuesta a la decisión del presidente ecuatoriano Daniel Noboa de imponer aranceles del 30 % a las importaciones colombianas a partir del 1 de febrero. La medida, adoptada mediante una resolución del Ministerio de Minas y Energía, fue justificada por Bogotá como una acción preventiva para proteger la soberanía y la seguridad energética del país ante posibles riesgos de abastecimiento interno.
Desde Quito, el presidente Noboa defendió la imposición arancelaria del 30%, argumentando que responde a un déficit comercial que supera los USD 1.000 millones con Colombia y a la supuesta falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera compartida. Esta nueva barrera arancelaria ha tensado una relación bilateral históricamente compleja, en la que ambos países comparten altos volúmenes de comercio y cooperación en varios frentes.
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El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma Egea, explicó que la decisión de detener el suministro eléctrico se basa en análisis técnicos del balance energético nacional, incluyendo informes del Ideam y el Centro Nacional de Despacho, que advertían una disminución de energía firme y presión sobre el Sistema Interconectado Nacional. Adicionalmente, señaló que mantener el flujo hacia Ecuador en este contexto podría poner en riesgo el servicio para los hogares y sectores productivos colombianos.
Aunque el gobierno colombiano insiste en que la medida es temporal y reversible, la situación elevó el nivel de incertidumbre en el comercio bilateral. Bogotá también anunció la imposición de un arancel del 30 % a 20 productos ecuatorianos como represalia directa. Organizaciones empresariales de ambos países han expresado su preocupación por el impacto económico, dado que Ecuador importa entre el 8 % y el 12 % de su energía desde Colombia y buena parte de los bienes industriales provienen del país cafetero.
La tensión comercial se produce en paralelo a desencuentros diplomáticos recientes, incluidos pronunciamientos políticos sobre temas de seguridad y cooperación fronteriza. Mientras representantes del sector privado llaman al diálogo técnico para evitar una escalada mayor, ambos gobiernos aseguran estar abiertos a conversaciones que preserven la integración regional y restablezcan condiciones comerciales equitativa.
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