El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió una acción popular y decretó medidas cautelares dentro de un proceso judicial relacionado con la cartera adeudada por Nueva EPS y Savia Salud S.A. a la red hospitalaria de Rionegro.
La decisión quedó consignada en el Auto 08 del 15 de enero de 2026, correspondiente al radicado 05001-23-33-000-2025-01710-00, tras una demanda presentada por la Personería Municipal de Rionegro contra el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Nacional de Salud, la ADRES y las EPS mencionadas.
El proceso judicial busca el pago de una cartera que asciende a 278.524 millones de pesos, correspondiente a obligaciones pendientes con las instituciones que conforman la red prestadora de servicios de salud del municipio, entre ellas el Hospital San Juan de Dios, San Vicente Fundación, SOMER, SERVIUCIS e IMEDI, según los soportes financieros incorporados al expediente.
Como medida cautelar, el tribunal ordenó a las entidades demandadas revisar la situación fáctica expuesta en la acción popular y adoptar las actuaciones necesarias, dentro del marco de sus competencias, para prevenir riesgos derivados del retraso en los pagos. Adicionalmente, fijó un plazo de diez días para que las entidades informen al despacho judicial las gestiones adelantadas y presenten un cronograma con plazos definidos orientado a atender la problemática.
El personero municipal de Rionegro, Jorge Luis Restrepo, indicó que la decisión judicial representa un avance inicial dentro del proceso. “Es el primer paso para avanzar frente a una problemática que hoy vive el municipio en materia de salud”, señaló. Añadió que la acción popular busca “la materialización del pago de los casi más de doscientos ochenta mil millones de pesos que se adeudan a toda la red hospitalaria de la jurisdicción”.
En su análisis preliminar, el tribunal advirtió que la mora prolongada en los pagos configura una amenaza a derechos colectivos, como la salubridad pública y la defensa del patrimonio público, y puede afectar la prestación continua de los servicios de salud en Rionegro y su área de influencia.
El proceso continuará su trámite en primera instancia, mientras el despacho judicial evalúa el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas y define, en etapas posteriores, las decisiones de fondo sobre las pretensiones formuladas en la demanda.