La Fiscalía General de la Nación, a través de la Fiscalía 40 Seccional de Administración Pública de Medellín, solicitará medida de aseguramiento contra Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), cargo que ocupó durante la administración del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, entre el 7 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023. La audiencia está programada para el 26 de enero de 2026 a las 3:00 p. m., ante un Juzgado con Función de Control de Garantías de Medellín.
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La solicitud se realiza en medio de la investigación por presuntas irregularidades en seis contratos entre 2020 y 2021 por esta entidad, cuyo valor supera los $18 656 millones. De acuerdo con la Fiscalía, los contratos fueron tramitados bajo la modalidad de contratación directa por “apoyo a la gestión”, pese a que incluían actividades y suministros que no se ajustaban a esa causal excepcional.
Según el ente acusador, los hechos evidenciarían un interés indebido en la celebración de contratos, con el fin de favorecer a personas cercanas, en detrimento del interés general y del patrimonio público. Por estos hechos, Palacio Cardona será imputado por los presuntos delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.
La Fiscalía también llevará a audiencia a Ana María Roldán Ortiz, quien se desempeñó como Subdirectora Ambiental del AMVA entre el 21 de julio de 2020 y el 18 de abril de 2021, y a Diana María Montoya Velilla, quien ocupó ese mismo cargo desde el 17 de abril de 2021 hasta enero de 2024 y, además, actuó como ordenadora del gasto, rol considerado clave en la ejecución de los contratos cuestionados.
De acuerdo con la investigación, como resultado de este entramado se habría producido el apoderamiento irregular de al menos $2 481 millones de pesos, recursos que estaban destinados a la gestión del riesgo y la atención de emergencias en el Valle de Aburrá.
Por estos mismos hechos y dentro del mismo proceso penal, ya se encuentran capturados Misael Cadavid Jaramillo, director del Cuerpo de Bomberos, y María Yaneth Rúa García, profesional universitaria del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, lo que para la Fiscalía indicaría que no se trata de hechos aislados, sino de un accionar planeado que habría operado durante varios años dentro de la administración metropolitana en el periodo 2020–2023.
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