El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que la administración departamental no aplicará algunas de las medidas tributarias incluidas en el decreto de Emergencia Económica expedido por el Gobierno Nacional. La excepción de inconstitucionalidad, explicó, se mantendría vigente hasta que la Corte Constitucional emita un fallo de fondo sobre el tema.
Según explicó, la decisión se sustenta en la Constitución de 1991, que en su artículo cuarto, según el mandatario, permite a las autoridades administrativas aplicar la excepción de inconstitucionalidad cuando una norma supuestamente incumple la Carta Magna nacional. El decreto, según el mandatario, invade la facultad exclusiva del Poder Legislativo para crear y regular tributos.
El mandatario indicó que la Gobernación de Antioquia llevará este planteamiento a la Cumbre de Gobernadores en Bogotá, en la Federación Nacional de Departamentos, con el fin de exponer la afectación que, a su juicio, generarían las normas tributarias de la emergencia económica en las regiones. La principal afectación para Antioquia, según el gobernador, sería la transferencia de $720 000 millones de la Fábrica de Licores de Antioquia al gobierno, en vez de quedarse en el departamento.
“Sin duda alguna los que están asociados al hipoconsumo de los licores, pero también el asociado al IVA. Es que en el caso de la fábrica de licores de Antioquia tendríamos que girarle a Petro durante este año más de 720 mil millones de pesos que son recursos que se podrían quedar en Antioquia o en cualquiera de los otros entes territoriales donde la fábrica de licores vende su aguardiente, su ron o cualquiera de sus productos”.
Se advirtió que las decisiones del Gobierno tendrían efectos adversos sobre la salud pública al propiciar un incremento desmedido en el consumo de licor adulterado. Adicionalmente, según la FLA, se incentiva el contrabando y afecta las finanzas territoriales.
Frente a la postura de otros mandatarios regionales, afirmó que buscará que los 32 gobernadores del país se sumen a esta iniciativa durante la cumbre. Antes de finalizar el mes se expedirá un acto administrativo que sustente jurídicamente la inaplicabilidad de las medidas.
Finalmente, advirtió que los decretos expedidos por el Gobierno Nacional a finales del año pasado, tanto por la emergencia económica como por el ajuste al salario mínimo, representarían para Antioquia una afectación cercana a 1,5 billones de pesos, lo que calificó como una medida centralista que golpea las finanzas regionales.
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