Los 32 gobernadores de Colombia, junto con la Federación Nacional de Departamentos, expresaron su rechazo al Decreto 1474 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional incrementó el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos, cigarrillos y tabaco elaborado, expedido en el marco de la emergencia económica.
La posición fue comunicada a través de una carta enviada al ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, en la que los mandatarios regionales advierten que la medida afecta la autonomía fiscal de los departamentosy modifica de manera estructural una de sus principales fuentes de financiación.
En el documento, los gobernadores señalan que el impuesto al consumo es una renta cedida a las entidades territoriales y que su recaudo no hace parte del Presupuesto General de la Nación. Precisan que estos recursos se destinan principalmente a la financiación de salud, educación y deporte. “La búsqueda de recursos adicionales para financiar el presupuesto del Estado central no puede ser a costa del debilitamiento de los fundamentos del Estado descentralizado”, indica la misiva.
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Los firmantes destacan que el impuesto al consumo representa cerca del 47 % de los ingresos tributarios departamentales y sostienen que el decreto introduce un esquema tributario rígido, sin margen de adaptación territorial. En ese sentido, advierten que la medida limita la capacidad de decisión fiscal de los gobiernos departamentales y aumenta la dependencia de las transferencias nacionales.
Otro de los ejes del pronunciamiento es el impacto sobre el contrabando y la ilegalidad. En la carta se citan cifras según las cuales el contrabando de cigarrillos alcanzó el 36 % en 2024, el nivel más alto registrado desde 2011. Los gobernadores señalan que, debido a la demanda inelástica de este producto, un aumento del impuesto no reduce el consumo, sino que traslada la demanda al mercado ilegal. “Solo en 2024, los departamentos dejaron de recaudar cerca de un billón de pesos por causa del contrabando”, señala el documento.
En el caso de los licores, los mandatarios indican que alrededor del 22 % del consumo corresponde a contrabando o productos adulterados, situación que, según expresan, afecta las rentas departamentales y tiene implicaciones en la salud pública y la seguridad.
La comunicación también plantea reparos frente al impacto del decreto sobre el monopolio rentístico de licores de los departamentos. De acuerdo con los gobernadores, el aumento del piso del impuesto al consumo y la exigencia de uniformidad tarifaria reducen el margen de maniobra de las entidades territoriales para utilizar este instrumento como herramienta de política pública.
Adicionalmente, los firmantes advierten vacíos y ambigüedades en la implementación del decreto, relacionados con la armonización normativa, la definición de bases gravables, el tratamiento de productos derivados del tabaco y los procedimientos operativos para el recaudo y la transferencia de recursos. Señalan que estas situaciones pueden generar incertidumbre jurídica y dificultades en la gestión tributaria territorial.
Al cierre de la carta, los gobernadores reiteran su rechazo a la aplicación del Decreto 1474 de 2025 y solicitan al Ministerio de Hacienda revisar la medida. Asimismo, proponen la instalación de una mesa de trabajo entre el Gobierno nacional, la Federación Nacional de Departamentos y las administraciones departamentales, con el fin de evaluar alternativas en el marco de los principios constitucionales de descentralización y autonomía territorial.
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