El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, radicó este martes ante la Corte Constitucional una solicitud de medida cautelar de urgencia para suspender de manera inmediata los efectos del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional, así como del decreto de reforma tributaria que se desprende de esta declaratoria.
En la acción presentada, el mandatario pidió que el alto tribunal declare la inconstitucionalidad del decreto, al considerar que fue adoptado sin trámite en el Congreso de la República. De forma paralela, solicitó la suspensión provisional mientras se emite un pronunciamiento de fondo.
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“Como alcalde y ciudadano, siempre he confiado en las instituciones y seguiré confiando. Confiamos en que las instituciones preservarán la democracia y mantendrán el orden legal en Colombia. Nadie está por encima del orden legal, mucho menos el presidente”, expresó Gutiérrez tras la radicación del documento.
El alcalde extendió un llamado a la participación ciudadana para respaldar la solicitud. “Invitamos a académicos, ciudadanos, empresarios, alcaldes, gobernadores, asociaciones y gremios a ejercer su derecho y deber de participación y a adherirse a esta acción en defensa de la Constitución”, señaló.
Según explicó, la petición se sustenta en un documento de 48 páginas. “Tenemos elementos suficientes y detallados. Consideramos que el decreto es ilegal e inconstitucional y pedimos que la medida cautelar se haga efectiva en los próximos días”, indicó.
La emergencia económica fue decretada con base en una supuesta crisis relacionada con el cumplimiento de un auto de la Corte Constitucional sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del sistema de salud, obligación que, según la Alcaldía, está pendiente desde hace tres años. Sobre este punto, la administración distrital informó que interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Entre los fundamentos del decreto también se citan alteraciones del orden público, los efectos de la ola invernal y la atención del pago de sentencias judiciales. Desde la Alcaldía de Medellín se indicó que estos hechos no son imprevisibles y, por tanto, no configuran los requisitos constitucionales para una declaratoria de emergencia económica.
Ahora, la Corte Constitucional deberá evaluar la solicitud y definir si procede la suspensión inmediata del decreto mientras avanza el control de constitucionalidad.
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