La Procuraduría General de la Nación, en específico la Delegada para el Seguimiento del Acuerdo de Paz, solicitó urgentemente al Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas y autoridades del territorio que se activen las rutas de prevención, protección y atención inmediata para garantizar los derechos de la población víctima de desplazamiento en el municipio de Briceño y en otros poblados del Norte de Antioquia, por amenazas y confrontaciones entre el frente 36 de las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, y los campos minados que dejan a su paso.
Según la Procuraduría, dichas acciones violentas dejan, hasta el momento, un balance preliminar de cerca de 2 500 personas desplazadas en las últimas 24 horas.
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El Ministerio Público solicitó que se evalúe el desarrollo de las visitas de verificación de derechos humanos, así como los mecanismos para brindar atención humanitaria, activando, de ser necesario, “el apoyo en subsidiariedad al ente territorial para la entrega de atención humanitaria inmediata”.
El ente de control también evidenció vulneración sistemática de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario contra las comunidades campesinas, relacionadas con prácticas de control territorial, enfrentamientos armados con interposición de la población civil y confinamientos que también afectan a las subregiones del Nordeste y Bajo Cauca antioqueño, “sin que se avizore un desescalamiento de las hostilidades por parte de las estructuras armadas”, alertó la Procuraduría.
Hay que recordar que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió arreciar contra los ilegales en Briceño, y desde la Administración departamental se envió ayuda humanitaria. Tropas de la Cuarta Brigada adelantan allí operaciones en contra de las estructuras ilegales.
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