La decisión de Daniel Quintero de apartarse de la consulta interna del Pacto Histórico, mecanismo previsto para escoger a su candidato presidencial para 2026, desató un nuevo debate sobre las implicaciones legales y políticas que trae su retiro.
De acuerdo con Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), la renuncia no libera a Quintero de los compromisos adquiridos al haberse inscrito en la contienda. Según explicó, aunque cualquier aspirante puede desistir de su participación, quienes se postulan deben respetar la decisión final del proceso, independientemente de si siguen o no en la consulta.
Barrios señaló que el exalcalde de Medellín no podrá presentarse por otro movimiento político ni inscribirse en otra consulta interpartidista para marzo, pues su participación inicial lo vincula a los resultados que surjan de la coalición del Pacto Histórico.
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La funcionaria también descartó que exista una sanción económica por abandonar el proceso. Precisó que la ley no contempla multas ni devoluciones de dinero en estos casos, ya que la consulta continúa su curso con los demás precandidatos. “El proceso sigue adelante; simplemente habrá dos aspirantes en lugar de tres”, sostuvo.
El Pacto Histórico confirmó que mantiene su calendario y que la consulta presidencial se llevará a cabo con la participación de Iván Cepeda y Carolina Corcho, quienes ratificaron su intención de competir.
Con esta decisión, la coalición busca mantener la cohesión interna mientras define el liderazgo que representará su proyecto político en los próximos comicios presidenciales. La salida de Quintero, sin embargo, deja sobre la mesa preguntas sobre la disciplina interna del movimiento y los límites de los acuerdos que rigen las consultas interpartidistas en Colombia.
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