La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes asumió de manera formal el trámite de una queja disciplinaria contra el presidente Gustavo Petro, relacionada con su intervención en un acto público realizado el 21 de junio en Medellín, conocido como el “tarimazo”.
El proceso, que ya superó su fase preliminar, se centra en posibles faltas disciplinarias atribuibles al mandatario, entre ellas la presunta utilización de recursos públicos con fines proselitistas, así como la convocatoria inconstitucional a una Asamblea Nacional Constituyente durante un evento oficial. Además, se cuestiona la presencia en la tarima de personas condenadas por delitos graves.
La queja fue presentada por el concejal de Medellín Alejandro De Bedout, quien sostiene que la denuncia no responde a intereses políticos, sino a presuntas transgresiones jurídicas concretas. Según De Bedout, “los hechos denunciados son lo suficientemente graves como para que este trámite avance hacia una investigación formal”.
El concejal argumenta que la intervención del presidente pudo haber vulnerado principios constitucionales, al mezclar funciones públicas con actividades políticas, algo prohibido para funcionarios del Estado y especialmente para el jefe de Estado.
Como parte de la etapa procesal, se prevé una citación a ratificación bajo juramento, que marcaría un nuevo avance en este caso. Cabe recordar que la Comisión de Investigación y Acusación es la única instancia en Colombia con competencia para adelantar procesos contra un presidente en ejercicio.
Aunque el proceso aún se encuentra en su fase inicial, su desarrollo podría generar implicaciones tanto jurídicas como políticas en el escenario nacional.
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