La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, llamó a siete exmandos medios del Bloque Noroccidental de las extintas Farc-EP para que reconozcan en una audiencia pública su responsabilidad por más de 310 secuestros y otros crímenes perpetrados en medio del cautiverio de sus víctimas en Antioquia, norte de Chocó, el sur de Córdoba, Caldas y Risaralda. La diligencia se llevará a cabo el 24 y 27 de junio en Caicedo y Medellín.
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El Bloque Noroccidental es responsable de cerca del 25 % de todos los secuestros en el país. Entre los hechos documentados se encuentran los secuestros y el posterior asesinato del entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, y de su asesor de paz y exministro de Defensa, Gilberto Echeverri, ocurridos en 2002.
También se tomó en cuenta el caso del cabo José Norberto Pérez, secuestrado en el año 2000. Su hijo, Andrés Felipe Pérez, quien padecía cáncer, pidió en varias ocasiones a las Farc-EP la liberación de su padre para verlo antes de morir. Sin embargo, el niño falleció en diciembre de 2001 sin cumplir su deseo. Dos meses después, el cabo Pérez fue asesinado.
Los imputados por estos crímenes y convocados a esta audiencia son: Luis Óscar Úsuga, conocido en las Farc-EP como ‘Isaías Trujillo’ o ‘El Viejo’; Jesús Mario Arenas, conocido como ‘Marcos Urbano’; Rodolfo Ruiz Restrepo, conocido como ‘Víctor Tirado’; Martín Cruz Vega, conocido como ‘Rubín Morro’; Ovidio Antonio Mesa Ospina, conocido como ‘Anderson’ o ‘Carranza’; Pedro Baracutao, conocido con el mismo nombre en la antigua guerrilla; y Jhover Man Sánchez Arroyave, conocido como ‘Rubén Cano’ o ‘Manteco’.
Los secuestros se cometieron siguiendo tres patrones criminales: para financiar su estructura, para forzar el intercambio de guerrilleros en las cárceles y para controlar los territorios donde operaban, según investigaciones de la JEP.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó en septiembre de 2024 a estos siete comparecientes como responsables regionales de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad, además de otros crímenes que se cometieron contra los secuestrados como asesinato, violencia sexual, tortura, desaparición forzada, atentados a la dignidad personal y tratos crueles e inhumanos. Crímenes que por su gravedad no pueden recibir amnistía o perdón judicial.
Por último, si los comparecientes reconocen responsabilidad y aportan verdad, se les impondrá sanciones propias o restaurativas, restricciones efectivas de libertad y otros derechos, sin incluir la cárcel. Si los comparecientes niegan su responsabilidad, enfrentarán un juicio, y si se les encuentra responsables de los crímenes, deberán pagar hasta 20 años de cárcel.
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