En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 14 años al exsecretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de Medellín, Juan Pablo Ramírez Álvarez, por utilizar su cargo para promover actividades políticas relacionadas con el movimiento Independientes, liderado por el entonces alcalde Daniel Quintero.
El Ministerio Público halló pruebas de que Ramírez organizó una reunión el 8 de agosto de 2021, en la que funcionarios de la administración municipal fueron presionados para respaldar la causa política a través de aportes económicos a la Corporación “El futuro se parece a nosotros”, cuyo lema estaba vinculado con el proyecto político de Independientes. Los aportes solicitados oscilaron entre $300.000 y $1 millón de pesos, y fueron justificados como membresías para pertenecer a la corporación.
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La Procuraduría estableció que varios asistentes a dicha reunión, funcionarios activos de la Alcaldía, efectivamente realizaron consignaciones a la entidad. Esta actividad ocurrió en plena vigencia del calendario electoral para las elecciones presidenciales de 2022, lo que configura intervención indebida en política por parte de servidores públicos.
Lo de la Procuraduría hoy suspendiendo a uno de mis ex-secretarios manda el siguiente mensaje: Cualquier persona despedida por un gobierno se puede vengar con una falsa denuncia. No necesita probar nada. 19 funcionarios declararon bajo la gravedad de juramento que la despedida…
— Daniel Quintero(@QuinteroCalle) May 20, 2025
Además de la sanción contra Ramírez, el órgano de control impuso suspensión e inhabilidad por 12 años a Juan Daniel Pulgarín Correa, exsubsecretario de Grupos Poblacionales, y a Fredy Alfonso Agudelo Bolívar, exsubsecretario de Gestión de Bienes. A Pulgarín se le atribuyó haber solicitado directamente el aporte de $800.000 a una subordinada, quien luego manifestó sentirse presionada a renunciar. En el caso de Agudelo, se le responsabiliza de facilitar una vivienda en El Poblado para realizar la reunión, además de permitir que se retiraran los teléfonos celulares de los asistentes, una acción calificada como un abuso de poder.
La Procuraduría consideró que los tres funcionarios incurrieron en faltas disciplinarias gravísimas a título de dolo, al utilizar su posición en la administración pública para fines políticos. La decisión puede ser apelada ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.
Finalmente, el fallo será remitido a la Fiscalía General de la Nación, seccional Medellín, para que investigue a Melissa Peláez, representante legal de la corporación, por presunto falso testimonio, y a la Secretaría de Gobierno de Medellín para que verifique el estatus legal de la entidad involucrada.
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