Durante el anuncio de la ampliación de barrios con cero extorsión, como parte del Piloto de Paz Urbana para el Valle de Aburrá en la cárcel de Itagüí, la senadora Isabel Cristina Zuleta, coordinadora de la delegación de paz del Gobierno nacional en diálogos con las estructuras armadas organizadas, reveló que algunos sectores de la ciudadanía de los barrios que ha evaluado el programa en Medellín y Bello, al parecer, han solicitado de manera voluntaria el pago de la extorsión a los grupos delincuenciales “para sentirse seguros”.
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Explicó que esta situación sería el reflejo de la naturalización de este y otros delitos producto de la presencia estructural e histórica de estas organizaciones del crimen en los sectores populares y la ausencia de la seguridad que pueda brindar un Estado Social de Derecho. Estas son las palabras de la senadora.
“Esta delegación recibió con mucho dolor cómo se naturalizan situaciones que no deberían ser así. Por ejemplo, recibimos de la ciudadanía expresiones que decían: “No voy a dejar de pagar porque entonces ¿quién me va a cuidar?” Tenemos una preocupación social y cultural y es que la gente quiere pagar, la gente quiere acudir a esa necesidad de seguridad”.
La señora Zuleta apuntó contra las autoridades de la ciudad de las últimas décadas, pues aseveró que no han brindado la seguridad necesaria, llevando a que las comunidades la encuentren con actores armados al margen de la ley.
En la ciudad de Medellín, en el Valle de Aburrá, las instituciones legítimamente constituidas no han brindado la seguridad a la ciudadanía y por eso la percepción de la ciudadanía de inseguridad, que creen que si no pagan entonces ya no se van a sentir seguros
Ante las declaraciones del alcalde Federico Gutiérrez, quien indicó que la tasa de 10,2 homicidios por cada cien mil habitantes en 2024, la más baja en la ciudad en los últimos 40 años, era producto de sus políticas de seguridad, la senadora señaló que el piloto ha demostrado la reducción de homicidios en los barrios que fue aplicado.
“Nosotros podemos demostrar lo que aquí firmamos y por eso la vigilancia de lo que se firma. Él no le ha demostrado a la ciudad cómo efectivamente sus acciones sí han reducido los homicidios. Y las capturas no son de él porque el señor alcalde de la ciudad de Medellín tiene que saber que no es fiscal general de la Nación, que es alcalde y que tiene que acotar sus funciones porque se está extralimitando”.
Desde la delegación del Gobierno explicaron que este piloto no ha sido aplicado a la comuna 10, La Candelaria, el cual sería uno de los puntos más álgidos del fenómeno de la extorsión en la ciudad, dado que allí hacen presencia grupos criminales que no están en la mesa de diálogo con el Gobierno, como el Clan del Golfo o el Tren de Aragua.
Por último, este piloto de cero extorsión se amplió de 25 a 45 barrios e incluirá al municipio de Itagüí, en el nuevo plazo que se estipuló entre el 21 de marzo y 21 de junio del 2025.
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