El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió una segunda demanda en contra de la Tasa de Seguridad y Convivencia, el cobro implementado por la Gobernación de Antioquia con la intención de fortalecer la seguridad en el departamento.
Esta decisión se suma a las crecientes inconformidades expresadas por diversos sectores económicos y ciudadanos, quienes han cuestionado la legalidad del impuesto y su impacto en las finanzas de los contribuyentes.
Desde su implementación, la medida ha generado un amplio debate, especialmente entre comerciantes e industriales, quienes consideran que el impuesto es desproporcionado y que no se ha explicado con claridad cómo se invertirán los recursos recaudados.
Sin embargo, la Gobernación ha defendido la iniciativa argumentando que ya hay entidades que han cumplido con el pago, lo que evidencia, según su postura, la legalidad del tributo.
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A pesar de la admisión de esta nueva demanda, el gobernador Andrés Julián Rendón no ha emitido un pronunciamiento al respecto. En días anteriores, la secretaria general de la Gobernación, Martha Correa, afirmó que cuentan con el respaldo jurídico necesario para defender la Tasa de Seguridad ante cualquier proceso legal.
Por ahora, siete empresas comercializadoras y distribuidoras de energía han facturado la contribución, mientras que los usuarios que no la han pagado recibirán su cobro de forma física o digital cada trimestre.
La medida afecta a los estratos 4, 5 y 6 residenciales, así como a los sectores industrial, comercial y oficial, mientras que los estratos 1, 2 y 3, que representan el 85 % de los suscriptores residenciales del departamento, están exentos del pago, al igual que los autogeneradores de energía.
El debate sobre la Tasa de Seguridad sigue abierto y, con la nueva demanda en curso, se espera que el Tribunal Administrativo de Antioquia determine si el impuesto se ajusta o no a la Constitución.
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