El presidente, Gustavo Petro, calificó como una «persecución política» la decisión de la Procuraduría General de la Nación de inhabilitar por ocho años al exconcejal de Medellín, Juan Carlos Upegui, para ejercer cargos públicos por ocho años.
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A través de su cuenta en X, Petro rechazó la medida y aseguró que “nadie puede perder derechos políticos en Colombia por decisión administrativa y menos por ser hijo de un profesor que temporalmente fue rector”. El mandatario también afirmó que su gobierno no permitirá que se excluya al progresismo de los derechos democráticos “ni a la fuerza ni con piruetas”.
Recordemos que la Procuraduría General inhabilitó a Upegui argumentando irregularidades que aún no han sido detalladas en su totalidad, pero que van ligadas al hecho de que su padre, Carlos Alberto Upegui Mejía, ocupaba un cargo administrativo como rector de un colegio público en la ciudad mientras él era candidato a la alcaldía.
La sanción fue confirmada por el mismo exconcejal, quien calificó la medida como un intento de frenar su participación política.
La decisión ha generado reacciones divididas. Por un lado, aliados del presidente Petro y sectores progresistas consideran que esta es una estrategia para deslegitimar a figuras cercanas al gobierno. Por otro, otros sectores argumentan que la sanción responde a presuntas irregularidades y no a motivaciones políticas.
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