Foto: Referencia.
Las asociaciones de pequeños mineros en Antioquia han anunciado un nuevo paro a partir del 21 de octubre. La movilización, que busca llamar la atención sobre la falta de avances en la formalización de la minería en el país, abarcará las subregiones del Occidente, Nordeste y Bajo Cauca, y contará con la participación de más de 30 000 personas. La protesta también se extenderá a otros departamentos como Chocó, Córdoba, Bolívar y Santander.
El principal reclamo es el estancamiento en el proceso de formalización minera. Según Lizeth Osorio Martínez, líder del Comité por la Vida y la Formalización Minera, el gobierno ha incumplido los acuerdos alcanzados en las mesas técnicas, dejando a los mineros en una situación similar a la del año pasado. La falta de soluciones ha generado frustración en las comunidades que dependen de la minería para su sustento.
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Un punto crítico para los mineros es la exclusión de las Unidades Productivas Mineras (UPM) que utilizan maquinaria amarilla, clasificadas como de mediana minería, lo que impide que accedan a los beneficios de la formalización. Las organizaciones afirman que esto afecta al 70 % de las UPM, perjudicando a miles de mineros que consideran injusta esta categorización basada en el equipo utilizado y no en la escala de producción.
Además, las críticas se extienden a la normativa que permite la destrucción de maquinaria amarilla en operativos contra la minería ilegal, sin distinguir entre pequeños y medianos mineros. Los líderes mineros insisten en que han cumplido con las exigencias del gobierno, pero no han recibido respuestas claras sobre cómo avanzar hacia la formalización.
El paro genera preocupación en las comunidades y el sector comercial, especialmente por las afectaciones económicas que se vivieron en el paro del año pasado, cuando varias regiones quedaron aisladas debido a los bloqueos. La manifestación se centrará en zonas estratégicas como el Puente del Río San Jorge en Córdoba y la Troncal de Occidente, con la participación de mineros de municipios de Córdoba y Antioquia.
Los mineros han hecho un llamado a que el gobierno se pronuncie con una solución concreta, especialmente sobre las áreas que se liberarían para la reubicación y formalización de los mineros, un compromiso pendiente desde las protestas de 2023.
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