La Fiscalía General de la Nación ha judicializado a un subintendente y un patrullero de la Policía Nacional, junto a un civil, por el delito de concusión. Los uniformados son acusados de haber exigido la suma de $10 millones a un comerciante para no incriminarlo en un supuesto porte ilegal de armas.
Los hechos ocurrieron el 6 de julio de 2023 en la avenida Las Palmas de Medellín, donde el subintendente Daniel Isaías Villamil Acosta y el patrullero Jackson Zapata Sepúlveda, junto a Giovanni Atehortúa Ospina, interceptaron al comerciante que viajaba en un vehículo de alta gama con su pareja. Durante la inspección, los policías encontraron en el bolso de la mujer una pistola calibre 9 milímetros, la cual contaba con la documentación necesaria que acreditaba su tenencia legal.
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A pesar de la legalidad del arma, los uniformados presionaron al comerciante para que entregara $10 millones a cambio de no iniciar un proceso judicial en su contra. Para coaccionar el pago, retuvieron la pistola, dos celulares y joyas de la pareja. Más tarde, el comerciante, en un intento por recuperar sus pertenencias, entregó $8 millones en efectivo a Zapata Sepúlveda, quien le devolvió el arma y los demás objetos.
Tras la denuncia del comerciante, la Policía Nacional arrestó a los tres implicados. La Fiscalía imputó los cargos de concusión, los cuales no fueron aceptados por los acusados. La investigación continúa en curso mientras se espera que la justicia tome las medidas adecuadas frente a este caso de corrupción en la fuerza pública.
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