La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha emitido una citación al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para participar en una audiencia pública crucial. Esta audiencia tiene como objetivo examinar las desapariciones forzadas en la comuna 13, específicamente en el área conocida como La Escombrera.
Aunque aún no se ha establecido una fecha para este evento, la audiencia convocará también a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y a Medicina Legal. Su propósito principal será supervisar las medidas cautelares impuestas en La Escombrera, donde se presume que se realizaron entierros de víctimas de desapariciones forzadas durante el conflicto armado y la violencia en la región.
Además de garantizar la protección del área para llevar a cabo excavaciones técnicas y forenses, la JEP exigirá la formulación de un protocolo de preservación forense, que Construcciones El Cóndor deberá adoptar durante la explotación de la cantera en el sitio. Esta explotación, que ha sido un obstáculo para las labores de búsqueda, requiere medidas específicas para preservar posibles evidencias relacionadas con desapariciones forzadas.
A lo largo de los años, La Escombrera ha sido un depósito de escombros y otros materiales, dificultando considerablemente la búsqueda de personas desaparecidas en el área. Aunque hasta ahora no se han encontrado restos óseos en las intervenciones realizadas, es crucial realizar una búsqueda exhaustiva en respeto a los derechos de las víctimas.
En la audiencia, tanto la gobernación como la alcaldía tendrán que rendir cuentas sobre las acciones emprendidas para avanzar en la recuperación de los cuerpos que podrían estar enterrados en La Escombrera. Este evento se presenta como una oportunidad para que las organizaciones de víctimas, los magistrados y el Ministerio Público planteen preguntas y preocupaciones sobre el proceso.
Es importante destacar que la JEP ha aclarado que esta audiencia no implica un juicio previo ni un pronunciamiento sobre la validez de las pruebas. Su objetivo es facilitar la participación amplia de las personas afectadas por desapariciones forzadas en la comuna 13, especialmente aquellos que creen que sus seres queridos podrían estar enterrados en La Escombrera.
Desde agosto del 2020, la zona de La Escombrera ha estado protegida por órdenes de la JEP, que prohíben cualquier actividad en el área correspondiente al "polígono nuevo". Esta medida busca facilitar las labores de búsqueda, prospección y, en su caso, exhumación de cuerpos en el sitio, garantizando el respeto a la memoria de las víctimas y la justicia en el proceso.
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