Por: Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes.
En razón al llamado que hizo el Gobierno Nacional de la República de Colombia a la paz total como una Política de Estado, en los términos de nuestra Constitución Política, de los Tratados Internacionales, Leyes y Decretos vigentes, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC, con el ánimo de contribuir en que se logre la paz que lleve a la restauración de los territorios, la protección de la comunidades y de las victimas que tanto han sufrido los rigores de un conflicto armado no internacional, que aqueja a nuestro país por más de SESENTA AÑOS, alzaron la mano sumándose y manifestando públicamente su indeclinable voluntad de participar en la llamada PAZ TOTAL o como ahora la llaman, PAZ INTEGRAL.
Somos conscientes y lo hemos dicho hasta el cansancio, que el proceso de paz total o paz integral como política de estado, no es posible si no se tienen en cuenta a todos los actores del conflicto armado no internacional que operan en nuestro país, en igualdad de condiciones jurídicas, de trato y de respeto por todos sus miembros y combatientes. Entre estos actores del conflicto se encuentra el grupo armado ilegal más grande de Colombia, y quizá de Latinoamérica, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC.
Lo único que han pedido aquellos a quienes represento, es un trato en cuanto al estatus de negociación, igual al de otros actores del Conflicto, como por ejemplo, las guerrillas del ELN y las disidencias de las extintas FARC-EP, que si bien pueden ser los grupos armados ilegales más antiguos del país, su nacimiento y métodos de guerra, son diferentes y sin una ideología clara y coherente, no puede negarse que todos han surgido al unísono por el abandono del estado, la falta de oportunidades, inseguridad personal, jurídica y no por ello merecen un trato desigual al de otros grupos, con ciertos privilegios jurídicos, porque esta distinción de trato es la que no ha permitido que sanen las heridas de una guerra sin cuartel, donde perdura el reciclaje de combatientes, jóvenes que en muchos casos no encuentran otras salidas para subsistir, protegerse y llevar comida a sus hogares, que el de engrosar las filas de los grupos armados; para nadie es un secreto que en nuestro contexto, es más fácil conseguir un arma que un cuaderno.
Es precisamente ese contexto, nuestro contexto, el que ha motivado escribir estas líneas, porque todavía hay quienes persisten en negar el conflicto armado no internacional que sufre Colombia, aquel conflicto del cual el Comité de la Cruz Roja Internacional, reconoció que en la República de Colombia soportamos siete conflictos armados no internacionales, que siguen dejando miles de víctimas.
Al parecer el gobierno nacional, y ahora se suman algunos mandatarios locales y regionales elegidos el pasado 29 de octubre y algunos de la comunidad internacional han olvidado que, para poder solucionar un conflicto armado y más de la gravedad como el que padecemos, se requiere que los miremos con una perspectiva integral y que procuremos hacer un análisis profundo de los contextos en los que se desarrollan. La construcción de estos contextos es fundamental para entender las dinámicas complejas y factores que contribuyen a la proliferación de estos grupos y, a su vez, formular estrategias efectivas de prevención, porque somos de la convicción de que el exterminio a punta de bala y bombardeos no ha funcionado, ni funcionaran nunca.
En primer lugar, la construcción de contextos implica examinar el entorno histórico, socioeconómico, político y cultural en el que se producen estos fenómenos. Comprender las condiciones sociales y económicas como la desigualdad, la pobreza, el desempleo y la falta de acceso a servicios básicos, permite identificar las vulnerabilidades que pueden ser explotadas por los actores del conflicto. Además, analizar el entorno político y la calidad de las instituciones es crucial para entender cómo la corrupción y la impunidad pueden facilitar el florecimiento de aquellos grupos y la adhesión de las comunidades a estas estructuras de poder.
La construcción de contextos también implica comprender los factores culturales y las dinámicas sociales que influyen en su nacimiento. Las normas sociales, las redes informales, las economías ¨ilegales¨ y las prácticas tradicionales pueden contribuir a la consolidación y perpetuación de estructuras delictivas. Comprender estos factores es absolutamente necesario para entender el por qué, por ejemplo, la existencia de un conflicto armado (no internacional como el reconocido por la CICR en Colombia), perdura en el tiempo.
Somos conscientes de que no es fácil comprender el contexto de un grupo armado cuando sobre aquel grupo, nunca ha existido una política de estado para comprender las causas o razones por las cuales surgió, sólo ha existido una política de exterminio, incluso de confusión con extintos grupos que estuvieron en un proceso fallido de sometimiento como el de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia AUC, grupo que desmovilizó a más de TREINTA Y CINCO MIL combatientes, de estos desmovilizados han sido asesinados alrededor del VEINTE POR CIENTO (20 %), es bastante extraño que estas estadísticas no aparezcan en los anales de aquellos organismos que se jactan de llamarse ¨DEFENSORES DE LA VIDA Y LOS DERECHOS HUMANOS¨, como si la vida de algunos estuviese por encima de la de otros. Por esta razón, me permito poner en contexto la historia, a grandes rasgos, del nacimiento de las AGC, porque reiteramos, no se puede solucionar un conflicto, sino conocemos las causas del surgimiento:
A pesar de que existe una fecha de constitución como tal de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, entre finales del año 2007 y comienzos de 2008, los orígenes de este tipo de organizaciones suele remontarse en el tiempo, porque de otra manera no se entendería la magnitud de la penetración y aceptación social que han tenido.
Tres momentos que explican de alguna manera, el auge de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC, como movimiento de resistencia civil armada, con gran influencia en sus territorios.
- Surgimiento de las AGC
En los dos períodos del gobierno del Señor Expresidente Álvaro Uribe Vélez, se llevó a cabo la más grande desmovilización de personas en armas que se ha dado en la historia del país. Según cifras oficiales, 35.317 hombres y mujeres lo hicieron de manera individual o colectiva, entre el 2003, y el 2006. Comparados con los algo más de 800 combatientes que desmovilizó el M-19, o los 9.000 de las Farc-EP, dan idea de lo gigantesco del proceso.
Pero, el proceso de paz de las Autodefensas Unidas de Colombia, fue hecho a las carreras y sin tocar los puntos centrales de la razón de su existencia, no se obtuvo el impacto positivo que pudiera esperarse después de semejante esfuerzo. Las consecuencias de los afanes y las improvisaciones aún las estamos viviendo. La justicia transicional diseñada para solucionar los problemas legales que tuvieran sus miembros, casi 20 años después de empezar a operar, aún sigue vigente, y muchos de quienes están sujetos a sus normas han sido sometidos a un verdadero proceso kafkiano, que aún no termina y no se sabe cuándo, porque ahora en el congreso de la república de Colombia, hace curso un nuevo proyecto de ley que pretende ampliar la vigencia de la ley 975 de 2005 (marco jurídico de la desmovilización de las extintas AUC).
Los múltiples incumplimientos del Gobierno Nacional, en la desmovilización de la estructura armada de las AUC, además de muchas otras situaciones que quedaron sin solucionar, llevaron a la constitución de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC, a finales de 2007 y comienzos de 2008.
Una vez desarmados los combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC, los índices de violencia e inseguridad se incrementaron dramáticamente, especialmente en el Urabá, el sur de Córdoba y Bajo Cauca. Empezó la desaparición física de quienes habían pertenecido a las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC, lo que impulsó a un grupo importante de ellos, a reunirse y tomar la decisión de rearmarse, para defender su vida de quienes estaban atentando contra ella.
Como un homenaje al más grande líder popular de la historia colombiana, Jorge Eliécer Gaitán, decidieron llamar la organización Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC. El gaitanismo, pese a tantos años del asesinato del caudillo, sigue vivo en la conciencia de las luchas populares. Para las Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC, es especialmente importante el clamor de Gaitán, “por la restauración moral de la República”, en las horas aciagas donde tiene presencia aquella organización armada, en donde la corrupción ha permeado todos los sustratos de la administración pública. De ahí la validez del llamamiento a la restauración moral.
En el año 2008 se expiden los estatutos de Constitución y Régimen Disciplinario, donde se expone la plataforma ideológica y política de las AGC, los principios fundamentales que guían su accionar, y los procedimientos para la investigación y juzgamiento interno de aquellos miembros que hayan cometido alguna falta disciplinaria.
Ahora bien, es conveniente tratar el tema del paramilitarismo y hacer la respectiva aclaración en cuanto a que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC, no son estructuras paramilitares ni neoparamilitares como suelen llamarlos algunos medios de comunicación y algunas organización no gubernamentales de derechos humanos. Hay que decirlo con toda claridad: no existe ninguna relación funcional entre las fuerzas militares de Colombia y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC, no hay ningún nivel de coordinación, ni de apoyo logístico y mucho menos de subordinación, o si se quiere, relación ¨bisagra¨.
Basta con analizar sin apasionamientos como, por ejemplo, muchos miembros de la Comandancia, del Estado Mayor Conjunto de las AGC, han muerto en diversas circunstancias, en un número apreciable, para no hablar de los que han sido capturados y extraditados a diferentes países. Sería descabellado pensar siquiera que, uno de los grupos armados ilegales que dice apoyar el sector oficial, combata a su aliado con tanta ferocidad y empeño.
En segundo lugar, las operaciones militares en contra de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC, han sido ininterrumpidas a lo largo de su existencia, por lo que tampoco se ve el nivel de coordinación por parte alguna.
En tercer lugar, el lenguaje lleno de improperios y descalificaciones con el cual tratan los medios oficiales de todos los gobiernos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC. El mejor ejemplo es el del nombre de la organización. Desde el comienzo se han autodenominado como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC, pero inicialmente se les denominó los Urabeños, después el Clan de los Úsuga, para llegar al más actualizado que es el Clan del Golfo, como si se tratara de una banda familiar al estilo siciliano, donde manda una sola familia y los más allegados a ella. Intentar desprestigiarlos de esa manera, es desconocer su identidad y su instancia máxima de decisión, que es el Estado Mayor Conjunto, con unidad de mando y estructura de mando piramidal, incluso y hay que decirlo sin titubeos, es el único actor del conflicto con una línea de mando clara y organizada en todos sus bloques y frentes.
- CONSOLIDACIÓN
Como ya se esbozó inicialmente, si bien las Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC, no nacen con la intención de cambiar el modelo económico, político y social de Colombia, en la práctica altera notoriamente el funcionamiento del mismo Estado en donde ejercen control territorial, ya que lo suplanta, al proveer muchas de las funciones que son razón de ser de ese Estado, como la principal, que es garantizar la vida y bienes de sus asociados. De esta forma, se incurre igualmente en el delito de sedición[1], es decir, como actor armado político en el conflicto.
Así mismo, y por extraño que pueda parecerle a quienes no conocen las realidades de la Colombia profunda, las comunidades les otorga a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC, autoridad moral, ya que son ellos quienes solucionan sus problemas sociales, comunitarios y personales, quienes los han acompañado incluso proveyendo servicios básicos de salud, educación e infraestructura. Hechos que fueron reconocidos públicamente por el Alto Comisionado para la Paz, doctor Iván Danilo Rueda Rodríguez, en un debate de control político al que fue citado por el Congreso de la República de Colombia, además no sería necesario enumerar ni señalar las comunidades donde las Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC, hacen fuerte presencia, para no estigmatizar aún más a las mismas comunidades.
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC, siempre han mostrado su disposición a dialogar y a encontrar las salidas jurídicas, económicas y sociales que permitan la desactivación de aquella Organización armada. Hasta ahora lo único que ha recibido son ofertas de lo toma o lo deja en lo que respecta a leyes de sometimiento que históricamente han sido un verdadero fracaso, como modelo de solución de los conflictos.
Otro aspecto que es necesario manifestar con humildad, es la inconformidad, el desasosiego por el irrespeto a los canales oficiales que estableció el Estado Mayor Conjunto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC, en punto a que son sólo aquellos los que deciden a quienes nombran como sus voceros, facilitadores y equipo jurídico, evitando la estigmatización y el desconocimiento de la labor que han soportado a lo largo del proceso de acercamiento a la paz total o paz integral, máxime cuando la prepotencia y soberbia del anterior encargado de la OACP, no permitió que se avanzara significativamente, por supuesto que preocupa lo que dice el actual Alto Comisionado de Paz, quien con desparpajo, sin el más mínimo asomo de vergüenza dice en medios de comunicación, ¨ a ese grupo ni lo conozco¨ (refiriéndose a las AGC).
Se necesita un método de dialogo que permita a estos grupos transitar de la ilegalidad a la legalidad, donde se den plenas garantías de verdad, reparación, justicia y se aseguren de manera eficiente, los derechos de las víctimas del conflicto y que nunca más se repita el ciclo perverso de la guerra.
[1] ARTÍCULO 468. SEDICIÓN. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> Los que mediante el empleo de las armas pretendan impedir transitoriamente el libre funcionamiento del régimen constitucional o legal vigentes, incurrirán en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
