La Contraloría General de la República entregó al gobernador Sergio Fajardo un informe en el que se especifica un detrimento patrimonial por 74.843 millones de pesos.
En el archivo la Contraloría se anotaron deficiencias en la Planeación del Contrato de Concesión y sus Actas modificatorias, inobservancia en los términos y condiciones de los pliegos, por lo que "los estudios de pre y factibilidad no eran técnica, financiera ni ambientalmente estructurados", conduciendo a que se añadieran obras que no estaban incluidas en el contrato inicial y que otras se aplazaran. Los treinta y cuatro hallazgos comprometen también siete casos fiscales.
Además de esto, el documento añade que la licencia ambiental del megaproyecto no contaba con estudios suficientes en prevención, mitigación, compensación y corrección, en especial, de las infiltraciones y abatimiento de aguas. Cornare por su parte, continúa con estudios adicionales del proyecto, ordenados por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales – Anla- a principios del año.
Por los anteriores motivos la Contraloría exigió declaraciones de renta a las antiguas administraciones por avalar la ejecución de algunas obras.
