En la mañana de este 30 de agosto, cuando el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le imputó cargos al general en retiro Mario Montoya por 130 “falsos positivos” cometidos en el Oriente Antioqueño entre 2002 y 2003, cuando fue comandante de la Cuarta Brigada del Ejército.
A través de la Sala de Reconocimiento de Verdad, la JEP detalló que la mayoría de esos crímenes se cometieron en los municipios de San Carlos, San Rafael, Granada y Cocorná.
Usando medios radiales y otros medios de propaganda, la comandancia de la Cuarta Brigada pedía que las unidades tácticas reportaran los resultados en términos de “litros”, “chorros”, “ríos”, “barriles”, o “carrotanques” de sangre, imponiendo las muertes en combate como único indicador de éxito militar.
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Ese supuesto éxito era recompensado a los soldados con incentivos económicos, descansos y evitando ser trasladados a zonas de mayor complejidad de orden público.
Además del general Mario Montoya, la JEP también imputó al comandante de pelotón en las baterías Deriva, Atacador y Cañón, subteniente Emerson Antonio Castañeda; al comandante de la batería Bombarda y Cañón, teniente Nelson Enrique Carvajal; al comandante del pelotón Atacador 1, subteniente Edwin Leonardo Toro; al comandante de la batería Cañón, subteniente José Alejandro Ramírez; al comandante del pelotón Bombarda 1, subteniente Diego Germán Guzmán; y al soldado regular Óscar Iván Mayo.
