La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó la apertura de investigación a las empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil Comunicación Celular S. A. (Comcel S. A., o Claro) y Colombia Telecomunicaciones S. A. ESP (Movistar).
Las indagaciones preliminares dieron muestra de que es posible que se estén presentando violaciones al Régimen de Protección a los Usuarios, por presuntamente limitar el derecho de elegir libremente el operador de su preferencia a través de la portabilidad numérica.
De acuerdo con la información recaudada, Movistar y Claro probablemente estarían activando y cobrando a sus usuarios un producto, sin su autorización.
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Los productos denominados por Movistar “Mejor Juntos” y “Bonos de Fidelización” y por Claro “Datos Plus”, estarían siendo activados y cobrados por tales operadores, vulnerando con ello el derecho que les asiste de elegir libremente su proveedor, planes y servicios de telecomunicaciones.
Esta conducta atentaría contra los derechos de los usuarios, pues en los contratos de servicios de comunicaciones debe haber aceptación expresa de cualquier modificación de los mismos.
La investigación contra estos proveedores de servicios de comunicaciones se inicia a raíz de las diferentes quejas de usuarios y otros proveedores del mercado, quienes han alegado que las solicitudes de portabilidad están siendo rechazadas, razón por la cual se están formulando cuatro cargos en las respectivas investigaciones.
Cargos en contra de Movistar y Claro
- Desconocer el derecho que les asiste a los usuarios de recibir información clara, cierta, veraz, oportuna y completa para tomar decisiones respecto del servicio ofrecido o activado.
- Modificar las condiciones acordadas previamente con los usuarios, imponiéndoles y cobrándoles servicios que presuntamente no fueron aceptados expresamente por estos.
- Desconocer el derecho que les asiste a los usuarios de recibir copia del contrato de prestación de servicios de comunicaciones ajustado, durante el período de facturación siguiente a aquel en que se efectuó la modificación del plan inicialmente contratado por parte del proveedor.
- Diseñar e implementar estrategias comerciales y promociones y ofertas que tienen como efecto impedir que los usuarios elijan libremente su proveedor de servicios, lo que a la postre generaría una permanencia en el uso del servicio prestado con el operador.
Además de la apertura de investigación, se les impusieron a Movistar y Claro una serie de medidas administrativas de carácter inmediato y permanente, encaminadas a no limitar a sus usuarios en la libre elección de proveedor, la conservación de su línea y la activación sin autorización previa y comprobable de los productos mencionados.
Agotadas todas las etapas de este proceso administrativo sancionatorio, Movistar y Claro podrían someterse a multas de hasta de 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1341 de 2009, en caso de demostrarse que incurrieron en las conductas descritas.
