Imagínese un municipio en el que el 95 % de la población es víctima del conflicto armado en Colombia. Imagínese además que diez de sus 54 veredas tengan presencia de minas antipersonas y que todavía estén desactivando artefactos de este tipo a tan solo 200 metros de escuelas rurales. Imagínese también que haya en su territorio 26 campos minados oficialmente detectados y que la única organización humanitaria que adelanta procesos de desminado con recursos internacionales esté a punto de retirarse por la escasez de los mismos. Imagínese, por último, que ese municipio genere el 35% de la energía del país gracias a su recurso hídrico, pero el gobierno no lo tenga priorizado para los procesos de desminado humanitario y reparación colectiva. Imagínese que todo eso es verdad. Ese municipio está en Antioquia, se llama San Rafael y está en el olvido. Creo que allá es difícil creer en el posconflicto.
Abad de Jesús Marín, alcalde del pueblo que está en el olvido, anda bastante preocupado por estos días porque en una reunión con la Personería de Medellín y la Brigada Móvil, que se encarga del desminado humanitario por parte del Ejército Nacional, le dijeron que su terruño no es prioridad para el proceso de desminado del Gobierno Nacional. Él no se explica porqué si allá sufrieron el conflicto con igual intensidad y horror que en muchos otros pueblos vecinos. “Eso afecta las ayudas humanitarias, el apoyo a los planes retorno, el turismo y la economía de San Rafael”, expresa indignado.
San Rafael tiene 54 veredas de las cuales 44 tienen el concepto de seguridad ante el Comité de Justicia Transicional. Sin embargo, como una de esas ironías a las que estamos acostumbrados los colombianos, San Rafael no aparece priorizado para el desminado y la reparación colectiva como sí lo están otros seis municipios de Antioquia. Dice el Alcalde que “ya presenté una petición oficial a la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, pero hasta el momento no han dicho absolutamente nada”.
Lo único que San Rafael pide es una acción de barrido para desactivar los 26 campos minados con presencia en 10 de sus veredas. No está pidiendo piscinas ni plata para pagarle a artistas de cantina para sus fiestas. No. Está pidiendo que se preserve la vida de sus niños y campesinos. Según Abad de Jesús, The Halo Trust (Organización internacional encargada del desminado humanitario), está punto de retirarse porque los recursos con los que opera, que además son internacionales y no del Gobierno, se les acabaron.
“No solo en el desminado humanitario sino también en la reparación colectiva como consecuencia del posconflicto, porque San Rafael fue golpeado de una forma impresionante por el conflicto armado a tal punto que el 95 % de la población es víctima”, agrega. Hace algunas semanas The Halo Trust hizo una labor de reconocimiento en la vereda Falditas, donde encontró, a 200 metros de la escuela, una mina que por fortuna fue desactivada de inmediato. “Ahí está en juego la integridad física de los niños, de la población civil y el patrimonio del pueblo”, concluye.
