Cerca de 322 millones de pesos deberá pagar la Nación por la muerte del entonces alcalde de San Carlos, Nevardo Morales Marín, quien fue asesinado por un grupo ilegal el primero de enero de 1999.
El Consejo de Estado detectó en el proceso la existencia de una falla en el servicio de protección de Nevardo Morales, quien contaba solo con un escolta de la Policía en el momento de su muerte, considerando que ya había sido amenazado y que su municipio enfrentaba grandes dificultades de orden público por el accionar de paramilitares y guerrilleros.
Además de señalar que la responsabilidad del Estado recae en el Ministerio de Defensa, el máximo órgano también indicó que “el homicidio se presentó en razón de su investidura de Alcalde, circunstancia que reforzaba la necesidad de protección de su vida e integridad personal”.
El Colombiano publicó que Morales “había sido víctima de un atentado previo del cual resultó ileso en 1997 y fue víctima de dos secuestros: uno en julio de 1989, por parte del Eln, junto con los Alcaldes de Cocorná y San Francisco que duró diez días; y otro en diciembre de 1997 junto con otros cinco alcaldes y cuatro periodistas que fueron liberados seis días después”.
El fallo también señala que “ante los constantes ataques que sufría la población de San Carlos y su Alcalde, la presencia de un escolta de la Policía para su protección era evidentemente insuficiente” ya que “como el funcionario había sido víctima de múltiples atentados contra su vida, libertad e integridad, estaba sometido a un riesgo cierto e inminente”.
